Una
afectada por las deudas del Ingreso Mínimo Vital acudió a la Casa
Real.
La carta terminó en el Ministerio de Inclusión y la
respuesta llegó desde el Área de Información y Transparencia.
El mensaje es conocido: la Seguridad Social dice limitarse a
aplicar la ley. No decide, no corrige, no asume
responsabilidad.
Además, califica la queja de “genérica e
indeterminada”.
Lo llamativo es que esta afirmación ignora hechos objetivos:
la
Ley del IMV ha sido denunciada ante el Comité Europeo de Derechos
Sociales, la AIReF ha señalado reiteradamente fallos estructurales,
el Defensor del Pueblo ha documentado el impacto de los cobros
indebidos y ha propuesto cambios legales, y más de 40.000 personas
han firmado para exigir soluciones.
No estamos ante casos aislados. Estamos ante un problema reconocido por instituciones públicas y organismos independientes.
Sin embargo, para la Administración, las personas afectadas parecen no ser competencia de nadie. El resultado es un drama social convertido en una partida de ping-pong administrativo donde nadie asume responsabilidades y siempre pierde quien menos tiene.
Más información en el siguiente enlace:
https://imvafectados.blogspot.com/2024/09/respuesta-del-jefe-del-area-de.html
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