El Tribunal de Cuentas denuncia retrasos en la tramitación del IMV y deficiencias en la gestión de las reclamaciones

 

El Tribunal de Cuentas advierte de importantes deficiencias en los procedimientos de tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), con retrasos que superan los plazos legales, solicitudes paralizadas sin información a los interesados y dificultades para reclamar las resoluciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

El informe reclama mejoras en los sistemas informáticos, una gestión más ágil de las solicitudes y las reclamaciones y criterios homogéneos en todas las direcciones provinciales.

Solicitudes que tardan más de ocho meses en resolverse

En 2023, el plazo medio de resolución de las solicitudes aprobadas y denegadas gestionadas mediante la aplicación A-IMV fue de 154 días. En el 42,67 % de estos expedientes se superó el plazo máximo legal de seis meses.

En los expedientes resueltos fuera de plazo, el tiempo medio alcanzó los 245 días, más de ocho meses.

El Tribunal también detecta importantes diferencias entre las direcciones provinciales del INSS. Mientras algunas completaban la tramitación en menos de 50 días, otras superaban los 200 días.

Uno de los principales problemas es la demora en asignar un tramitador, con una media de 61 días. Además, las solicitudes presentadas por canales distintos al Portal Ciudadano tardaron una media de 43 días en registrarse en la aplicación del INSS.

Estas solicitudes requieren una introducción manual de los datos, un proceso que aumenta los tiempos de espera y el riesgo de errores.

Solicitudes paralizadas sin informar a los interesados

El informe señala que el INSS incumple sistemáticamente el plazo de 30 días para resolver la fase de admisión de determinadas solicitudes presentadas durante el primer trimestre del año.

Para evitar utilizar datos fiscales de dos años anteriores, el organismo suspende algunos procedimientos hasta disponer de los datos del ejercicio inmediatamente anterior a la solicitud.

El problema es que esta suspensión no se comunica a los solicitantes.

La falta de información genera incertidumbre y puede llevar a las personas afectadas a creer que su solicitud ha sido desestimada. Como consecuencia, pueden presentar nuevas solicitudes o reclamaciones que incrementan innecesariamente la carga administrativa.

El Tribunal también advierte de que las resoluciones de inadmisión no siempre explican adecuadamente los motivos ni permiten al interesado comprender si el problema puede subsanarse.

Por ello, recomienda informar inmediatamente de cualquier suspensión o bloqueo, explicar sus causas y los plazos previstos y ofrecer resoluciones claras y específicas.

Además, plantea revisar si sigue siendo conveniente mantener el trámite de inadmisión.

Un sistema de solicitud que puede poner obstáculos innecesarios

El Tribunal considera que obligar a utilizar el simulador como paso previo para solicitar el IMV puede resultar innecesario en determinados casos.

También señala que quienes solicitan exclusivamente el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) no deberían tener que utilizar el simulador del IMV ni cumplimentar todos los datos del formulario de esta prestación.

Por ello, recomienda estudiar la posibilidad de separar el simulador de la solicitud para que quienes lo deseen puedan acceder directamente al procedimiento.

Asimismo, pide mejorar la asistencia a las personas que presentan solicitudes por otros canales, como el registro electrónico de la Seguridad Social, los centros de atención e información (CAISS) o las administraciones públicas.

Fallos informáticos y falta de coordinación

El INSS utiliza dos aplicaciones para gestionar el IMV: A-IMV y PF-PROS@. Según el Tribunal, ambas presentan problemas que pueden provocar pérdidas de datos, ineficiencias y duplicidades.

El informe identificó 1.275 expedientes con pagos duplicados, equivalentes al 0,18 % del total de expedientes abonados. Aunque el Tribunal considera que su relevancia cuantitativa es reducida, advierte de que estos casos ponen de manifiesto debilidades en los sistemas de gestión y control.

El organismo recomienda mejorar A-IMV para que pueda gestionar de forma autónoma todos los procedimientos relacionados con la prestación y evitar el uso de dos aplicaciones para una misma finalidad.

También propone integrar todos los canales de presentación de solicitudes en el sistema de gestión y mejorar la asignación de personal y la coordinación entre las direcciones provinciales.

El 70 % de las reclamaciones previas se resolvió fuera de plazo

Las deficiencias no terminan cuando se dicta una resolución desfavorable.

El Tribunal de Cuentas señala que el INSS carece de un sistema centralizado y automatizado para gestionar las reclamaciones previas y las revisiones de oficio. La mayoría se tramita manualmente en las direcciones provinciales.

En 2023, el 70 % de las reclamaciones previas resueltas incumplió el plazo legal de 45 días. El tiempo medio de resolución fue de 125 días.

Esta demora puede empujar a los afectados a acudir a los juzgados, especialmente porque la normativa permite entender desestimada la reclamación por silencio administrativo cuando vence el plazo correspondiente.

El Tribunal también detecta que el INSS no tiene sistematizadas las causas de las revisiones de oficio ni los criterios aplicados, lo que dificulta una actuación homogénea y una supervisión adecuada.

Casi el 42 % de los casos judiciales resueltos favoreció a los demandantes, al menos parcialmente

Entre 2022 y 2023 se iniciaron 5.176 procedimientos judiciales relacionados con el IMV. Hasta diciembre de 2024 se habían resuelto 4.547 casos.

De ellos, 1.900, el 41,79 %, terminaron con un fallo favorable a los demandantes, al menos en parte.

Pese a ello, el informe señala que no consta que el INSS recopile de forma sistemática el detalle de los motivos de estas sentencias, lo que dificulta detectar errores recurrentes y unificar los criterios de actuación.

El Tribunal recomienda implantar un sistema centralizado y automatizado de reclamaciones, analizar sus causas y resultados y sistematizar las razones de las revisiones de oficio y de las sentencias contrarias al organismo.

El Tribunal reclama una gestión más rápida, transparente y homogénea

Las recomendaciones 8 a 12 del Tribunal de Cuentas apuntan a la necesidad de mejorar los procedimientos de admisión, informar a los solicitantes sobre las suspensiones, reducir los tiempos de tramitación, integrar los canales de presentación y modernizar los sistemas informáticos.

También reclama agilizar las reclamaciones previas, analizar las causas de los litigios y garantizar criterios de gestión homogéneos en todas las direcciones provinciales.

Desde el Colectivo IMV Afectados y Afectadas consideramos que estos problemas deben abordarse de manera efectiva. Para una persona que necesita el Ingreso Mínimo Vital, esperar meses sin una resolución o sin información sobre su solicitud puede agravar una situación económica ya vulnerable.

La Administración debe garantizar procedimientos ágiles, información clara y mecanismos de reclamación eficaces. Cuando una prestación está destinada a proteger a quienes carecen de recursos suficientes, los retrasos y las deficiencias administrativas no pueden convertirse en obstáculos adicionales para ejercer ese derecho.

Nota sobre los datos: el 41,79 % se refiere a los procedimientos judiciales resueltos hasta diciembre de 2024 que terminaron con una sentencia favorable a los demandantes, al menos parcialmente. No significa que todos los demandantes obtuvieran la totalidad de lo reclamado.