El Tribunal de Cuentas alerta sobre la vulnerabilidad de las familias monomarentales que perciben el IMV y reclama mayor transparencia al INSS

El 92,50 % de las personas titulares de hogares monoparentales que llevaban más de tres años percibiendo el IMV eran mujeres. El informe también constata que la brecha de género en el riesgo de pobreza o exclusión social no ha mejorado desde 2019.

El Tribunal de Cuentas ha analizado las previsiones de igualdad y transparencia relacionadas con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), poniendo de manifiesto la especial vulnerabilidad de las mujeres y la necesidad de mejorar la información pública sobre la gestión de esta prestación.

Las familias monomarentales: una realidad que no puede ignorarse

Desde la puesta en marcha del IMV hasta el 31 de diciembre de 2023, un total de 658.828 hogares habían recibido la prestación, con 1.899.639 personas beneficiarias.

Entre los hogares monoparentales que llevaban más de tres años percibiendo el IMV, el 92,50 % de las personas titulares eran mujeres.

Este dato pone de relieve el peso de las mujeres al frente de familias que necesitan mantener durante años una prestación destinada a garantizar unos ingresos mínimos.

Además, el Tribunal señala que, teniendo en cuenta los distintos periodos de permanencia en el IMV, las mujeres representan entre el 66 % y el 69 % de las personas titulares de los hogares perceptores.

Estas cifras refuerzan la importancia de que las políticas públicas tengan en cuenta las circunstancias específicas de las familias monomarentales, que afrontan la responsabilidad de sostener un hogar y atender a sus hijos e hijas en un contexto de vulnerabilidad económica.

La brecha de género en la pobreza sigue sin reducirse

El informe analiza la evolución de la tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza o exclusión social.

Entre 2019 y 2024, la tasa descendió ligeramente tanto entre las mujeres adultas, del 27,1 % al 26,8 %, como entre los hombres adultos, del 25,1 % al 24,8 %.

Sin embargo, la diferencia entre ambos grupos se mantuvo en dos puntos porcentuales, la misma que existía en 2019, antes de la implantación del IMV.

El Tribunal concluye que no se aprecian cambios en las tendencias de la brecha de género desde la puesta en marcha de esta prestación.

Por tanto, los datos no permiten afirmar que el IMV haya contribuido a reducir esa desigualdad en el riesgo de pobreza o exclusión social.

Falta información pública para conocer la gestión real del IMV

El Tribunal de Cuentas considera que, en términos generales, la Secretaría General de Inclusión y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) cumplen con las obligaciones de publicación de información previstas en la Ley de Transparencia.

No obstante, identifica deficiencias concretas, entre ellas la ausencia de la memoria del análisis de impacto normativo del Real Decreto-ley que estableció el IMV.

También señala que no se disponía de datos anuales desglosados sobre las solicitudes de acceso a información pública correspondientes al periodo 2020-2024, lo que dificulta analizar su evolución y realizar comparaciones históricas.

Entre 2022 y 2023 se registraron 91 solicitudes de acceso a información pública. Más del 60 % estaban relacionadas con información estadística y la tasa de concesión de acceso a esta información fue del 85,71 %.

El Tribunal reclama datos completos y desglosados

La recomendación 20 del informe insta al INSS a publicar información estadística completa, desglosada por año, comunidad autónoma y provincia, sobre cuestiones esenciales para conocer cómo funciona el IMV:

• Solicitudes presentadas, inadmitidas y denegadas, con indicación de las causas.

• Tiempos medios de tramitación.

• Reclamaciones previas y sus resoluciones.

• Reclamaciones judiciales y sus resoluciones.

• Mantenimiento y control de la prestación.

• Reintegros solicitados.

Esta información permitiría conocer mejor las dificultades administrativas que afrontan las personas solicitantes y beneficiarias, así como evaluar la gestión de la prestación en los distintos territorios.

La transparencia también es necesaria para proteger a las familias vulnerables

Los datos sobre las familias monomarentales y la persistencia de la brecha de género muestran la importancia de evaluar si las políticas públicas están respondiendo adecuadamente a las necesidades de quienes viven en situación de pobreza.

A ello se suma la necesidad de disponer de información estadística completa que permita conocer las solicitudes denegadas, los tiempos de espera, las reclamaciones y los reintegros exigidos.

Sin información pública completa y desglosada, resulta más difícil identificar los problemas de gestión, evaluar sus consecuencias y exigir responsabilidades. La transparencia es una herramienta fundamental para mejorar el funcionamiento del IMV y garantizar una protección social eficaz.

Una precisión importante para la publicación: el informe utiliza el término «hogares monoparentales». En la nota empleamos también «familias monomarentales» para visibilizar que el 92,50 % de las personas titulares de esos hogares eran mujeres, sin dar por hecho que todos los hogares monoparentales están encabezados por mujeres.