El Tribunal de Cuentas alerta de la insuficiente cobertura del IMV y de que solo el 20,78 % de los hogares en pobreza severa lo recibían en 2024

El Tribunal de Cuentas advierte, en sus conclusiones sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV), de importantes deficiencias en el diseño y la aplicación de esta prestación, considerada la principal medida estatal de lucha contra la pobreza.

El informe señala que el IMV se puso en marcha sin objetivos concretos ni indicadores suficientes para medir su impacto real en la reducción de la pobreza. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tampoco dispone de datos que permitan determinar qué parte de la evolución de la pobreza relativa y severa corresponde a esta prestación.

Una cobertura insuficiente para quienes más lo necesitan

Uno de los datos más preocupantes del informe es que, en 2024, solo el 20,78 % de los hogares en situación de pobreza severa recibían el IMV. Además, España contaba con 538.325 hogares sin ingresos.

El Tribunal calcula que, en 2023, la prestación llegó a 331.236 hogares, frente a los 951.701 hogares que la AIReF estimaba como potenciales beneficiarios. Esto situaría la cobertura en el 39,83 % y el porcentaje de personas potencialmente beneficiarias que no accedieron a la prestación en torno al 60,17 %.

Estas cifras evidencian la distancia entre tener derecho al IMV y recibirlo efectivamente.

La cuantía no garantiza salir de la pobreza severa

El informe también constata que la renta garantizada del IMV no cubría en 2023 el umbral de pobreza severa para numerosos tipos de hogares.

A nivel estatal, la cobertura alcanzaba el 92,61 % del umbral para los hogares de un solo adulto, el 80,25 % para los de dos adultos y el 83,79 % para los de dos adultos y dos menores. Solo los hogares monoparentales formados por un adulto y dos menores alcanzaban o superaban ese umbral.

Las diferencias también dependen de la comunidad autónoma de residencia, debido a los distintos niveles de ingresos y al coste de la vida. El Tribunal advierte, además, de que la normativa no permite incrementar la renta garantizada cuando la unidad de convivencia supera los cinco miembros, penalizando a las familias más numerosas.

El IMV no llega a complementar adecuadamente otras ayudas

El Tribunal observa que las rentas mínimas autonómicas, que deberían complementar el IMV, están experimentando un efecto de sustitución progresiva por esta prestación, en lugar de funcionar de manera complementaria.

Asimismo, considera insuficiente el alcance del plan estatal de reordenación y simplificación de las prestaciones no contributivas, que contempla menos de la mitad de las ayudas que integran el Sistema de Garantía de Ingresos Mínimos, compuesto por hasta 26 prestaciones estatales, autonómicas y locales.

Falta de coordinación y órganos de participación pendientes

El informe señala deficiencias en la información sobre prestaciones sociales que las administraciones deben incorporar a la Tarjeta Social Digital.

También denuncia la tardía puesta en funcionamiento de la Comisión de Seguimiento del IMV, que comenzó a funcionar en mayo de 2024, cuatro años después de su creación, y que el Consejo Consultivo previsto en la ley todavía no se había constituido cuando se elaboró el informe.

El Tribunal reclama cambios en el diseño y la gestión del IMV

Entre sus recomendaciones, el Tribunal de Cuentas propone:

• Fijar objetivos concretos para que el IMV cubra, en una primera etapa, al menos el umbral de pobreza severa en todo el territorio, con indicadores e hitos de seguimiento hasta 2030 y especial atención a la pobreza infantil.

• Estudiar la adaptación de la renta garantizada a las diferencias territoriales en los ingresos y el coste de la vida, así como las desigualdades derivadas de la composición de los hogares.

• Revisar el sistema de prestaciones no contributivas para avanzar en su integración y simplificación.

• Garantizar que las administraciones faciliten información completa y actualizada sobre las prestaciones sociales públicas.

• Impulsar el funcionamiento efectivo de los órganos de coordinación, seguimiento y participación previstos en la Ley del IMV.

Para el Colectivo IMV Afectados y Afectadas, estas conclusiones son relevantes porque ponen de manifiesto que el problema del IMV no se limita a su cuantía: también afecta a su diseño, a su cobertura efectiva, a la coordinación administrativa y a la capacidad del sistema para llegar a quienes más lo necesitan.

El objetivo de una prestación destinada a combatir la pobreza debe ser que las personas que cumplen los requisitos puedan acceder a ella y que su cuantía permita avanzar realmente en la protección frente a la pobreza severa.