El Tribunal de Cuentas advierte de que la burocracia y las revisiones del IMV dificultan el acceso a la prestación y pueden generar deudas a las familias vulnerables

El Tribunal de Cuentas alerta de importantes deficiencias en los procedimientos de gestión y control del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que pueden impedir el acceso a la prestación a personas que se encuentran en situación de pobreza y exclusión social.

Más de dos de cada tres solicitudes fueron denegadas o inadmitidas

Entre 2020 y el 31 de diciembre de 2023, se presentaron y resolvieron al menos 2.332.852 solicitudes del IMV. De ellas, 1.595.221 fueron denegadas o inadmitidas, el 68,38 % del total.

El Tribunal considera muy elevado este porcentaje, especialmente teniendo en cuenta la escasa implantación de la prestación entre los hogares en situación de pobreza severa y los elevados niveles de personas que, aun pudiendo tener derecho a la ayuda, no llegan a solicitarla o acceder a ella.

El informe señala que las dificultades para acreditar la unidad de convivencia, los errores en la declaración de sus miembros y la falta de actualización del padrón municipal afectan especialmente a los hogares en riesgo de pobreza y exclusión social.

También advierte de que los requisitos burocráticos pueden convertirse en una barrera de acceso para personas sin hogar o empadronadas en domicilios ficticios, a quienes se exigen certificados adicionales de los servicios sociales.

Resoluciones poco claras y requisitos que necesitan una revisión

El Tribunal de Cuentas advierte de que las resoluciones de denegación e inadmisión presentan deficiencias de motivación que generan inseguridad jurídica y falsas expectativas. Esta situación lleva a algunas personas a presentar nuevas solicitudes o reclamaciones que finalmente no resultan viables.

Además, las denegaciones relacionadas con la unidad de convivencia aumentaron del 13,55 % en 2020 al 31,95 % en 2023, mientras que las relacionadas con motivos económicos descendieron del 42,54 % al 30,73 %.

Por ello, el Tribunal recomienda revisar el diseño de la prestación, flexibilizar el concepto de unidad de convivencia y simplificar los requisitos de acreditación, así como reforzar los servicios sociales públicos y mejorar su coordinación con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Se valoran ingresos del año anterior y se generan deudas meses después

Otro de los problemas señalados es que la situación económica se valora utilizando los datos de renta del ejercicio anterior, que pueden no reflejar la realidad de quien solicita la ayuda.

El informe también advierte de que se computan determinados ingresos ficticios derivados de inmuebles urbanos que no generan rentas, así como activos de difícil o imposible liquidez. Esto puede dejar fuera del IMV a personas cuyos ingresos reales y disponibles están por debajo de los límites establecidos.

A esta situación se suma el carácter provisional de la cuantía concedida y su revisión posterior, que puede dar lugar tanto a atrasos como a reclamaciones de cantidades cobradas.

En 2023, la revisión de las cuantías afectó a 493.577 expedientes. Como resultado de los controles realizados, durante 2023 y 2024 se generaron 261.321 expedientes de atrasos y 316.971 expedientes de deuda por reintegros.

El Tribunal advierte de que estas revisiones, efectuadas meses después de que las personas hayan comenzado a percibir la prestación, pueden desincentivar su solicitud. Las familias beneficiarias tienen una capacidad de ahorro reducida y pueden verse obligadas a devolver cantidades elevadas que difícilmente podían prever.

El Tribunal reclama cambios para proteger a las personas más vulnerables

En sus recomendaciones 6 y 7, el Tribunal de Cuentas pide al Ministerio competente que revise si el diseño actual del IMV y su sistema de revisión cumplen adecuadamente los objetivos de lucha contra la pobreza.

Entre las medidas propuestas figuran utilizar datos económicos más recientes y representativos de la situación real de los solicitantes, simplificar los requisitos, eliminar la exigencia acumulativa de certificados sociales adicionales para quienes estén empadronados en domicilios ficticios y adelantar la revisión anual de las prestaciones para evitar reclamaciones tardías de cantidades elevadas.

Desde el Colectivo IMV Afectados y Afectadas consideramos fundamental que estas advertencias se traduzcan en cambios efectivos. Una prestación destinada a combatir la pobreza no debería quedar fuera del alcance de quienes más la necesitan por obstáculos burocráticos, dificultades para acreditar su situación o revisiones tardías que pueden terminar convirtiendo una ayuda imprescindible en una deuda difícil de afrontar.

Es necesario que el IMV ofrezca seguridad jurídica, resoluciones comprensibles y procedimientos adaptados a la realidad económica de las familias vulnerables.