El PSOE de Canarias ha decidido llevar al Senado la situación del transporte sanitario en las islas. Los ocho senadores socialistas de Canarias han solicitado la comparecencia de representantes sindicales para conocer de primera mano los problemas del sector.
El senador por La Palma, Kilian Sánchez San Juan, lo explica así: quieren «escuchar a quienes conocen el servicio desde dentro».
Y nos parece bien. Los trabajadores tienen derecho a ser escuchados y sus problemas deben llegar a las instituciones que pueden actuar.
Pero entonces surge una pregunta:
¿Quién escucha a quienes conocen el Ingreso Mínimo Vital desde dentro porque están sufriendo sus consecuencias?
Porque el IMV no es una competencia de Canarias. Es una prestación estatal gestionada por la Seguridad Social. Y uno de los problemas que llevan años denunciando muchas familias es el de los cobros indebidos y las reclamaciones de cantidades que después deben devolver personas que ya se encuentran en una situación económica muy vulnerable.
No estamos hablando de una cuestión menor.
El propio Defensor del Pueblo ha advertido de las dificultades que generan estas reclamaciones y de la carga que puede suponer para hogares vulnerables tener que devolver cantidades reclamadas por la Administración.
Y este problema no afecta solamente a quienes reciben el IMV actualmente. Afecta también a familias que reciben reclamaciones años después, a personas mayores, a personas dependientes y a hogares que tienen que afrontar deudas que consideran injustas o imposibles de asumir.
¿Y quién escucha a estas familias?
En mayo de 2025, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso registró una solicitud de comparecencia de una portavoz del Colectivo IMV-Afectados y Afectadas, para que pudiera explicar ante la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones los problemas que estaban generando en los hogares vulnerables las reclamaciones de la Seguridad Social por cobros indebidos del IMV.
La solicitud no fue admitida a trámite en los términos en que estaba formulada. También se registró otra solicitud para que compareciera una especialista y colaboradora del colectivo, que igualmente fue inadmitida.
Es decir: cuando las personas afectadas intentaron hacer llegar directamente su experiencia al Congreso, esa vía no llegó a producirse.
Y aquí volvemos a la pregunta inicial:
Si se considera necesario acudir al Senado para escuchar a quienes conocen un problema desde dentro, ¿por qué no aplicar el mismo criterio a las personas afectadas por los problemas del Ingreso Mínimo Vital?
Desde el Colectivo IMV-Afectados y Afectadas llevamos años poniendo voz a familias que se encuentran en esta situación.
No pedimos un trato especial.
Pedimos algo mucho más básico: que quienes tienen capacidad para intervenir en un problema estatal escuchen también a quienes lo están sufriendo.
Porque si un problema de Canarias merece ser escuchado en Madrid, también deberían ser escuchadas en Madrid las personas de toda España que están sufriendo los problemas de una prestación estatal.
También son ciudadanos.
También tienen
derechos.
También tienen problemas.
Y también merecen ser
escuchados.
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