UGT reclama una reforma integral del Ingreso Mínimo Vital para garantizar la inclusión y evitar las devoluciones injustas

 

 La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) ha reclamado una reforma integral del Ingreso Mínimo Vital (IMV), apoyándose en las conclusiones de la quinta evaluación realizada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El sindicato considera que, seis años después de la puesta en marcha de la prestación, siguen existiendo graves problemas de acceso, cobertura e inclusión laboral que impiden que el IMV cumpla plenamente sus objetivos.

Uno de los datos más preocupantes señalados por la AIReF es que el 52 % de los hogares con derecho al IMV continúa sin solicitar la prestación, debido a las barreras administrativas, la brecha digital, la falta de información y los largos plazos de resolución. Para UGT, esta situación demuestra que el sistema sigue siendo demasiado complejo para muchas de las personas que más necesitan protección.

El sindicato también destaca que el 46 % de los hogares perceptores permanece cobrando el IMV después de cinco años, una cifra que alcanza el 57 % cuando la cuantía percibida se aproxima a la renta garantizada. UGT insiste en que este dato no debe utilizarse para estigmatizar a las personas beneficiarias, sino como una evidencia de que las políticas de inserción laboral no están funcionando con la intensidad necesaria.

Entre las principales deficiencias detectadas, UGT denuncia la falta de coordinación entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, los servicios públicos de empleo y los servicios sociales, la escasa eficacia de las políticas activas de empleo y un sistema de incentivos al trabajo excesivamente complejo, que genera incertidumbre y dificulta que aceptar un empleo suponga realmente una mejora para las familias.

El comunicado también pone el foco en uno de los problemas que más preocupación genera entre las personas beneficiarias del IMV: el desfase en el cálculo de las rentas. Evaluar la vulnerabilidad utilizando exclusivamente los ingresos del ejercicio anterior puede dejar sin protección a quienes han sufrido una pérdida reciente de ingresos y, al mismo tiempo, provocar posteriores reclamaciones económicas cuando la Administración revisa los expedientes.

En este sentido, resulta especialmente significativa una de las reivindicaciones de UGT: limitar las devoluciones ocasionadas por retrasos administrativos y mejorar el acceso a la prestación mediante procedimientos más sencillos, atención presencial y una valoración de la situación económica basada en información actualizada.

Asimismo, el sindicato propone una estrategia estatal específica para las personas perceptoras con capacidad laboral, itinerarios personalizados de inserción, una reforma del incentivo al empleo, una evaluación pública de los resultados y la convocatoria efectiva del Consejo Consultivo del IMV para reforzar la participación de los agentes sociales.

Desde el Colectivo IMV Afectados y Afectadas valoramos positivamente que una organización sindical de ámbito estatal incorpore a sus reivindicaciones cuestiones como el desfase en el cálculo de rentas y la necesidad de reducir las devoluciones provocadas por el propio funcionamiento de la Administración. Son problemas que miles de familias vienen denunciando desde hace años y que continúan generando inseguridad económica, reclamaciones de cobros indebidos y situaciones de enorme vulnerabilidad.

Las sucesivas evaluaciones de la AIReF, las recomendaciones del Defensor del Pueblo y ahora las propuestas formuladas por UGT muestran que existe un amplio consenso sobre la necesidad de reformar el Ingreso Mínimo Vital para convertirlo en una prestación más accesible, más justa y verdaderamente orientada a proteger a quienes más lo necesitan, sin penalizar a las personas que intentan incorporarse al empleo o mejorar su situación económica.

Redacción IMV Afectados y Afectadas