Los centros de Servicios Sociales necesitan profesionales sanitarios cualificados: una cuestión de calidad y seguridad
Cuando hablamos de atención a personas mayores, dependientes o en situación de vulnerabilidad, solemos pensar en cuidados, acompañamiento y apoyo social. Sin embargo, existe un aspecto fundamental que no siempre recibe la atención que merece: la necesidad de que los centros y recursos sociosanitarios cuenten con profesionales sanitarios cualificados y con las competencias adecuadas para atender las necesidades de quienes viven o reciben atención en ellos.
Actualmente, el Gobierno trabaja en una nueva Ley sobre profesiones de los Servicios Sociales. Esta norma representa una oportunidad para aclarar funciones, competencias y requisitos formativos de los distintos perfiles profesionales que intervienen en la atención a las personas. Pero también plantea un reto importante: evitar que criterios económicos prevalezcan sobre la calidad asistencial.
Durante años se ha denunciado la creciente tendencia a sustituir profesionales cualificados por trabajadores con menor formación o competencias insuficientes, especialmente en algunos centros residenciales y recursos sociosanitarios. Estas decisiones pueden reducir costes, pero también pueden afectar negativamente a la calidad de la atención e incluso generar riesgos para la salud y el bienestar de las personas atendidas.
La realidad es que la población usuaria de estos servicios presenta cada vez una mayor complejidad asistencial. Personas mayores con enfermedades crónicas, dependencia, deterioro cognitivo o múltiples patologías requieren cuidados especializados y una adecuada coordinación entre los ámbitos sanitario y social. Esta labor no puede recaer en personal sin la formación necesaria.
Además, preocupa que determinadas regulaciones permitan que funciones tan importantes como la coordinación sociosanitaria, el seguimiento de cuidados o el enlace con el sistema público de salud puedan ser desempeñadas por personal sin cualificación sanitaria específica. Del mismo modo, resulta cuestionable que personas sin formación suficiente puedan acceder a determinadas funciones mediante habilitaciones excepcionales basadas únicamente en declaraciones responsables o compromisos de formación futura.
La atención a las personas más vulnerables no puede construirse sobre criterios de ahorro económico. Debe sustentarse en la profesionalidad, la capacitación y la seguridad. Garantizar que cada función sea desempeñada por el perfil profesional adecuado no es una cuestión corporativa ni administrativa: es una garantía para las personas usuarias y sus familias.
Por ello, la futura Ley sobre profesiones de los Servicios Sociales debería establecer con claridad qué profesionales son necesarios en cada ámbito, cuáles son sus competencias y qué requisitos formativos deben cumplir. También debería contribuir a reducir las diferencias existentes entre comunidades autónomas y avanzar hacia unos estándares comunes de calidad en todo el territorio.
Porque cuando hablamos de cuidados, hablamos de personas. Y las personas merecen una atención segura, digna y prestada por profesionales preparados para responder a sus necesidades.
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