Colectivos sociales critican la respuesta del Gobierno sobre el Ingreso Mínimo Vital ante el CEDS Europa
En una nota de prensa emitida por ATD Cuarto Mundo España, los colectivos impulsores de la reclamación colectiva presentada ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) han expresado su profunda decepción por la respuesta ofrecida por el Gobierno de España en relación con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y las rentas mínimas autonómicas.
Según explican las organizaciones reunidas en el marco de la Oficina Jurídica de Derechos Sociales, la contestación del Ejecutivo no responde adecuadamente a los problemas denunciados en la Reclamación Colectiva nº 241/2024, actualmente en estudio por el Consejo de Europa.
Los colectivos denuncian especialmente las reclamaciones de devolución de cobros indebidos dirigidas a personas y familias en situación de vulnerabilidad económica. Alertan de que estas deudas pueden derivar en graves consecuencias sociales e incluso poner en riesgo la vivienda de algunos afectados.
Asimismo, señalan que la falta de coordinación entre el Ingreso Mínimo Vital y las rentas mínimas autonómicas ha generado duplicidades, reclamaciones retroactivas y deudas que, a su juicio, son consecuencia de la propia gestión administrativa y no de actuaciones atribuibles a los beneficiarios.
Las organizaciones también critican que el Gobierno sostenga que no ha sido interpelado sobre estas cuestiones, recordando que precisamente el procedimiento de reclamación colectiva tiene como finalidad que los Estados respondan a las denuncias formuladas por la sociedad civil.
Por último, los colectivos consideran que esta situación pone de manifiesto la necesidad de una revisión profunda del sistema de rentas mínimas y garantías de ingresos, con el objetivo de evitar situaciones de exclusión, inseguridad jurídica y penalizaciones injustas para las personas más vulnerables.
La resolución que adopte el Comité Europeo de Derechos Sociales será clave para determinar si las actuales políticas españolas en esta materia se ajustan a los compromisos asumidos por España en el marco de la Carta Social Europea.
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