He recibido la sentencia. Demanda desestimada.
Y el mensaje es claro: Trabajar te puede salir caro.
No estamos ante un caso aislado. Se han ganado algunos procedimientos relacionados con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), sí. Pero también está quedando algo cada vez más evidente: cuando el aumento de ingresos proviene del trabajo, el criterio que se está aplicando es mucho más restrictivo.
Traducido: trabajar no siempre te protege. A veces, te perjudica.
Por eso hay algo que conviene decir sin rodeos:
- Si has cobrado el IMV y luego has trabajado, es muy probable que tengas que devolverlo.
- Y en muchos casos, acudir a juicio no cambia ese resultado.
No es una opinión. Es lo que está pasando. Y aunque no sea justo, hay una recomendación práctica que puede evitar problemas mayores:
- Si estás en esta situación, valora solicitar un fraccionamiento de la deuda cuanto antes.
Un caso más, pero no cualquiera
Mi caso no es el peor. Ni de lejos. Pero es suficientemente claro. Once meses trabajando en plena emergencia volcánica. Condiciones duras. Sueldo que apenas alcanzaba el mínimo. Mientras tanto, el IMV era un complemento pequeño, de 106 euros al mes.
Cumplí con todo.
- Informé a la Seguridad Social.
- Notifiqué los cambios.
- Hice lo que se supone que hay que hacer.
No sirvió.
Ahora tengo que devolver ese dinero.
En términos reales: uno de esos once meses trabajados será, en la práctica, para devolverlo.
Y entonces aparece la pregunta incómoda:
¿Qué se está castigando realmente?
- Porque no ha sido ocultar información.
- No ha sido incumplir.
- Ha sido trabajar.
El contexto que no se puede ignorar
Soy de Los Llanos de Aridane. Y aquí sabemos que no todo funciona siempre como debería.
Durante años, el Ayuntamiento mantuvo un sistema de contratación pública que poco tenía de público. Personal de limpieza, auxiliares, peones y otros... fueron incorporados sin oposición, amparados en informes sociales que acreditaban su situación económica. La intención podía ser buena. El resultado fue otro.
En 2014, Función Pública tuvo que intervenir para recordar lo básico: el acceso al empleo público debe regirse por los principios de igualdad, mérito y capacidad. Los informes sociales no sustituyen un proceso selectivo. Pero la reacción llegó tarde.
Muchos contratos ya habían superado los límites legales. Eso convirtió a esos trabajadores en indefinidos no fijos, impidiendo su cese y bloqueando, al mismo tiempo, el acceso de quienes sí habían aprobado oposiciones.
La solución no fue corregir el problema de raíz. Fue regularizarlo.
La aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) se presentó como modernización, como orden, como transparencia. Pero bajo ese lenguaje técnico, la realidad sigue siendo incómoda:
- Las plazas continúan ocupadas sin procesos abiertos reales.
- Las bolsas de empleo no resolvieron el fondo del problema.
- Y la igualdad de oportunidades quedó en segundo plano.
“El intento de limpiar la administración terminó dejando la suciedad debajo de la alfombra.”
Lo urgente volvió a imponerse sobre lo justo.
Sin padrinos
En ese contexto, hay algo que también importa decir. No todo el mundo ha tenido que recorrer el mismo camino. Yo no tengo padrinos. Nunca los he tenido. Aun así, cuando hizo falta, estuve ahí. Trabajando. Cumpliendo. Intentando salir adelante. Y aun así, el resultado es este.
El mensaje que deja la sentencia
Esto no va solo de una deuda. Va del mensaje:
- Que cumplir no basta.
- Que trabajar no basta.
Que, en determinadas circunstancias, el sistema no solo no protege, sino que acaba penalizando el esfuerzo. No es una cuestión ideológica. Es una realidad que cada vez más personas están experimentando. Y por eso hay que contarlo. Claro. Directo. Sin suavizarlo. Porque quien esté a tiempo, merece saber a qué se enfrenta.
Ana Hernández
Colectivo IMV Afectados y Afectadas
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