El Ingreso Mínimo Vital nació para ser un salvavidas, pero para miles de familias se está transformando en una fuente de angustia e incertidumbre. La burocracia, los errores de cálculo y la reclamación de "cobros indebidos" por parte de la Administración están dejando a muchas personas en una situación de vulnerabilidad extrema.
Hoy publicamos la carta que nos hace llegar Cristina M.R. donde narra en primera persona el impacto emocional y económico de recibir esa notificación que nadie espera.
Esta es su historia:
El Gobierno de Pedro Sánchez habla de políticas sociales, de protección y de ampliar derechos. Se felicita públicamente por las nuevas medidas, sobre todo esta última regularización masiva, y por el alcance de su sistema de ayudas, pero hay otra realidad que no se cuenta:
Mientras se anuncian avances y se celebran cifras, se estima que hay cerca de 450.000 familias atrapadas en errores administrativos llamados "cobros indebidos" por la concesión de la prestación del IMV. Llevamos sin solución desde la pandemia, año 2020, cuando se implementó esta medida de forma burda y precipitada por conveniencia política de Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno y principal promotor de la medida, y cuyas consecuencias se nos quiere hacer pagar a nosotros, los más vulnerables del sistema..
Mi caso es muy parecido al del resto:
En 2020, el propio Estado me concedió el Ingreso Mínimo Vital. Un año después, reconoció que había sido un error… pero decidió que la deuda debía asumirla yo.
Hoy, esa deuda —que no es firme y está pendiente de sentencia— sigue activa y creciendo. Las deudas por errores en el IMV oscilan entre los 2.000 y los 30.000 euros, siendo la mía actualmente de 15.000.
La consecuencia no es solo económica. Es un bloqueo total:.
No puedo acceder a ayudas públicas.
No puedo mejorar mi situación laboral sin riesgo de embargo.
Mi hija pierde oportunidades educativas (la Xunta le ha denegado una beca de estudios hace pocos días y seguirá denegándole cualquier beca porque la Xunta de Galicia no examina los expedientes, sólo aplica una normativa de manera taxativa y no atiende a razones ni contempla situaciones personales diversas) por una deuda que está en litigio, no es firme y no me corresponde.
Vivo bajo presión constante por reclamaciones y recargos.
Mientras tanto, tenemos que soportar que el mismo sistema que genera impunemente estas situaciones de desamparo se presente como un éxito en los telediarios y como el adalid de la solidaridad con los más vulnerables y necesitados; la inmigración ilegal.
La pregunta es inevitable:
¿Cómo puede un sistema considerarse social si no corrige sus propios errores?
¿Cómo puede hablarse de protección cuando se está empujando a familias vulnerables a la exclusión administrativa y económica?
¿Qué ocurre con quienes llevamos años esperando una solución que no llega?
No se trata de estar en contra de ninguna medida social.
Se trata de exigir coherencia.
No se puede ampliar derechos por un lado y vender regularizaciones masivas bajo el disfraz de solidaridad ejemplar mientras se ignoran injusticias evidentes por otro lado y se esconden los agravios de la administración contra los perceptores de esta prestación.
Porque una política social no se mide solo por lo que promete, sino por cómo trata a quienes ya dependen de ella.
Y ahora mismo, muchos estamos siendo abandonados y, por lo que estamos viendo, doblemente discriminados.
Cristina M.R.
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