La organización ATD Cuarto Mundo y la Oficina Jurídica de Derechos Sociales han valorado positivamente este avance procesal, que incluye además la concesión de un nuevo plazo hasta finales de marzo para que el Gobierno español pueda reaccionar ante las alegaciones presentadas.
No obstante, ambas entidades han expresado una profunda preocupación por el contenido de la defensa remitida por la Abogacía General del Estado, al considerar que no responde de manera concreta a las denuncias planteadas en la reclamación colectiva. Según señalan, el escrito se centra en destacar la novedad técnica y la dimensión del programa, calificando el IMV como una medida “modélica”, pero sin aportar datos verificables que permitan evaluar su eficacia real.
Entre los problemas señalados por las organizaciones demandantes figuran la posible insuficiencia de las cuantías, las interrupciones en la continuidad de la prestación, las limitaciones de acceso para determinados colectivos, la falta de coordinación con las rentas autonómicas y el impacto creciente de los procedimientos de reclamación por cobros indebidos.
Asimismo, consideran especialmente preocupante que se intente equiparar el carácter vinculante de la Carta Social Europea con compromisos políticos no obligatorios, recordando que se trata de un tratado internacional que forma parte del ordenamiento jurídico y cuyo cumplimiento puede ser exigido por las vías legales correspondientes.
En su réplica presentada en febrero de 2026, las entidades impulsoras de la reclamación han reforzado sus argumentos con datos estadísticos, informes técnicos y testimonios directos que, según sostienen, evidencian incumplimientos estructurales de los estándares europeos en materia de rentas mínimas.
El procedimiento continúa abierto y desde las organizaciones promotoras se ha realizado un llamamiento a entidades sociales, sindicatos y colectivos ciudadanos para aportar información, estudios y experiencias que permitan reflejar con mayor precisión el impacto real del IMV sobre las personas en situación de pobreza o exclusión.
Más allá del debate técnico o institucional, lo que está en juego es la credibilidad de las políticas contra la pobreza y la capacidad del sistema para ofrecer seguridad y dignidad a quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.
Ampliar información en la web de ATD Cuarto Mundo:
https://atdcuartomundo.es/2026/03/19/actualizacion-de-la-reclamacion-colectiva-sobre-el-imv/
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