La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado su Quinta Opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV), acompañada de una nota de prensa que resume los principales resultados de más de cinco años de evaluaciones continuadas. El diagnóstico que presenta no es nuevo, pero sí especialmente revelador: el IMV solo llega al 20 % de los hogares en situación de pobreza, cuando podría beneficiar a más del 50 %.
Según la AIReF, la prestación ha contribuido a reducir en un 30 % la brecha de pobreza, entendida como la distancia media entre los ingresos de los hogares y el umbral de pobreza. Sin embargo, su impacto sobre la tasa de pobreza es mucho más limitado, situándose en apenas un 9,5 %. Incluso aceptando los cálculos de la institución, estas cifras evidencian que el IMV está muy lejos de cumplir el objetivo para el que fue creado.
La propia AIReF reconoce que, si el IMV hubiera desplegado todo su potencial, la reducción de la brecha de pobreza podría haber alcanzado el 58 %, y el impacto sobre la tasa de pobreza el 16,2 %. Es decir, el problema no es la falta de recursos públicos —el coste actual ronda los 3.100 millones de euros anuales—
sino un diseño que impide que la prestación llegue a quienes la necesitan.
Debilidades estructurales conocidas… y persistentes
La evaluación identifica varias debilidades estructurales que desde hace años vienen señalándose también desde las organizaciones sociales y las propias personas afectadas:
El cálculo de la renta computable con ingresos del año anterior, que deja fuera a hogares que han sufrido una pérdida reciente y abrupta de ingresos.
La definición de la unidad de convivencia, que sigue siendo la principal causa de denegación de solicitudes y un auténtico laberinto burocrático.
La escasa integración del IMV con las rentas mínimas autonómicas, que ha generado solapamientos, desigualdades territoriales y confusión administrativa.
A todo ello se suma un dato especialmente grave: las tasas de non take-up. En 2024, más del 55 % de los hogares con derecho al IMV no lo solicitan, porcentaje que se eleva hasta el 72 % en el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). Es decir, la mayoría de las personas que podrían beneficiarse de estas ayudas no acceden a ellas.
El elefante en la habitación: el empleo y las trampas de la pobreza
La AIReF reconoce también el impacto negativo del IMV sobre la participación laboral, y apunta a la necesidad de reformular el incentivo al empleo para evitar la creación de “trampas de la pobreza”. Sin embargo, este reconocimiento llega tarde y se formula con un lenguaje excesivamente neutro.
Desde la experiencia de miles de hogares perceptores, el problema no es una “trampa” teórica, sino una realidad cotidiana: cualquier mejora laboral, especialmente a jornada completa, puede suponer la pérdida del IMV, la generación de cobros indebidos y deudas con la Administración. El resultado es un sistema que penaliza la salida de la pobreza en lugar de acompañarla.
Propuestas razonables, pero insuficientes
Entre las cinco propuestas que recopila la AIReF destacan la definición de objetivos cuantificables, la verificación automática de requisitos, la reformulación del incentivo al empleo o el refuerzo de campañas de información. Son propuestas razonables y necesarias, pero no cuestionan el núcleo del problema: un modelo de prestación condicionado, complejo y profundamente desconectado de la realidad social que pretende atender.
Resulta significativo que la AIReF anuncie que, en ausencia de reformas sustantivas, dará por concluido el ciclo de evaluaciones anuales del IMV en 2026. Esta decisión puede interpretarse como el cierre de una etapa, pero también como el reconocimiento implícito de que seguir midiendo un diseño fallido no lo convierte en eficaz.
Una evaluación que constata el fracaso, pero no interpela al responsable
La Quinta Opinión de la AIReF confirma, con datos oficiales, lo que las personas afectadas llevan años denunciando: el IMV no está cumpliendo su función como herramienta eficaz de lucha contra la pobreza. Sin embargo, la evaluación se queda corta a la hora de señalar responsabilidades políticas y de plantear cambios estructurales profundos.
Constatar que el IMV “podría” llegar al 50 % de los hogares en pobreza no es suficiente cuando, en la práctica, solo llega a uno de cada cinco. La pobreza no se combate con potenciales teóricos, sino con derechos efectivos, accesibles y compatibles con una vida digna.
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