Información legal no siempre es información real
El Gobierno asegura que cumple con la obligación formal de informar a los beneficiarios del IMV sobre la posibilidad de recurrir las reclamaciones por cobros indebidos. Sin embargo, la cuestión clave no es si la información existe, sino si resulta comprensible, accesible y efectiva para personas en situación de extrema vulnerabilidad.
Las notificaciones de la TGSS suelen utilizar un lenguaje técnico, referencias legales complejas y omiten cualquier mención a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que permite —en determinados supuestos— evitar la devolución de cantidades cuando el beneficiario ha actuado de buena fe.
En la práctica, miles de personas desconocen que pueden recurrir, cómo hacerlo o en qué fundamentos jurídicos apoyarse. Informar “conforme a la ley” no equivale a garantizar el derecho a la defensa. Cuando la Administración reclama dinero a personas en pobreza severa, la transparencia no debería ser una opción, sino una obligación reforzada.
Más información en el siguiente enlace:
https://imvafectados.blogspot.com/2026/01/gpp-preguntas-al-gobierno-con-respuesta.html
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