Nueva red de explotación sexual de menores en Canarias: un fracaso estructural del sistema de protección

 

 La detención de cuatro personas en Gran Canaria por explotación sexual de menores tuteladas ha vuelto a poner en evidencia las graves carencias del sistema de protección del Gobierno canario. Las víctimas residían en centros gestionados directamente por la administración, lo que plantea preguntas urgentes sobre la seguridad y supervisión de los espacios de acogida.

La investigación ha revelado que los responsables captaban a jóvenes en situación de vulnerabilidad para “ofrecerlas” a adultos vinculados al narcotráfico y redes de compraventa de vehículos de lujo. Se han intervenido armas, drogas y material sexual informático. Esta no es la primera alerta: en 2024 ya se desmanteló otra red que operaba desde Lanzarote hacia Francia, aprovechando la estancia de menores en centros públicos.

Organizaciones de derechos humanos denuncian la negligencia estructural del Gobierno canario: “No son fallos aislados, es una cadena de desprotección institucional”, afirman desde Ben Magec. Ante la presión, el Ejecutivo ha prometido una auditoría “exhaustiva”, pero el caso evidencia que las vulnerabilidades del sistema no son recientes ni excepcionales.

Este episodio subraya la necesidad de revisar a fondo la gestión y supervisión de los centros de menores, garantizando que las políticas de protección no se queden en protocolos formales mientras la realidad deja a los más vulnerables expuestos a abusos graves.