Menores migrantes: cifras claras, soluciones difusas

 

El Gobierno reconoce que en Ceuta hay 554 menores migrantes no acompañados, una cifra que, lejos de ser coyuntural, refleja una situación estructural de presión sobre los territorios frontera. Sin embargo, la respuesta oficial vuelve a centrarse en el reparto económico y administrativo, sin entrar a valorar si este sistema de distribución está siendo suficiente, ágil o verdaderamente garante del interés superior del menor.

La enumeración de comunidades de acogida y el desglose presupuestario no despejan las dudas de fondo:

¿en qué condiciones se producen los traslados?, ¿existe un seguimiento real de los menores una vez derivados?, ¿se refuerzan los recursos educativos, psicológicos y sociales o solo se compensa económicamente a las comunidades?

Resulta especialmente llamativo que el Gobierno vuelva a insistir en las cifras presupuestarias sin ofrecer datos sobre la capacidad real del sistema, los tiempos de derivación o el impacto que la saturación tiene sobre los propios menores. La protección de la infancia migrante no puede reducirse a un reparto contable entre administraciones.

Mientras tanto, Ceuta continúa soportando una presión desproporcionada, y los menores siguen siendo tratados más como números en una tabla de distribución que como sujetos de derechos.

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