Cada vez son más las familias beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital que reciben expedientes de devolución, incluso cuando no han cometido ninguna irregularidad y el dinero ya ha sido destinado a cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda o suministros.
Por este motivo preguntamos:
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para evitar que familias en situación de pobreza severa tengan que devolver cuantías del IMV ya gastadas, sin haber cometido irregularidades?
Respuesta del Gobierno
La respuesta del Gobierno no niega la existencia de estas devoluciones. Al contrario, las justifica como una consecuencia normal del propio funcionamiento del IMV.
El Ejecutivo explica que el INSS está obligado a aplicar la normativa vigente y que muchas reclamaciones se producen porque la prestación se calcula con datos fiscales provisionales, que solo se consolidan meses después, cuando ya se ha pagado el IMV.
Esto implica que:
El IMV se concede.
El dinero se gasta en cubrir necesidades básicas.
Y tiempo después, se reclama su devolución, aunque no haya fraude ni error imputable a la familia.
El Gobierno reconoce que la mayoría de estas deudas no se deben a irregularidades, sino a procesos automáticos de regularización previstos en la ley.
Medidas que alega el Gobierno
El Ejecutivo enumera varios cambios legales que, según afirma, reducen el impacto de estas devoluciones:
No reclamar deudas pequeñas cuando el coste de gestión supera el importe.
Aplicar descuentos en la prestación, garantizando que el beneficiario conserve al menos el 30 % de la cuantía mensual.
No exigir determinadas cantidades cuando hay menores en la unidad de convivencia, siempre que no se supere un umbral concreto.
Introducir dos controles anuales para reducir desfases.
Conclusión
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