Dos jurisdicciones, un mismo problema… y más indefensión
El Gobierno asegura que no tiene constancia de que se estén ignorando medidas cautelares acordadas por los juzgados en reclamaciones del IMV. Sin embargo, esta afirmación contrasta con los testimonios de personas afectadas que ven cómo los procedimientos de recaudación continúan mientras sus recursos judiciales siguen pendientes.
Más allá de negar el problema, la respuesta confirma una cuestión clave: las reclamaciones del IMV pueden acabar en dos jurisdicciones distintas, dependiendo del momento y del órgano que actúe. Para una persona en situación de vulnerabilidad, esta fragmentación no es una cuestión técnica, sino una barrera real para el acceso a la justicia.
Mientras el beneficiario recurre ante la jurisdicción social una resolución del INSS, la deuda puede terminar en manos de la TGSS y pasar a la vía contencioso-administrativa, con normas, plazos y costes distintos. El resultado es un sistema complejo, difícil de comprender y que incrementa la inseguridad jurídica.
Cuando una prestación diseñada para combatir la pobreza genera procedimientos paralelos, confusión judicial y riesgo de cobro mientras el fondo del asunto no está resuelto, el problema deja de ser administrativo y pasa a ser estructural.
Más información en el siguiente enlace:
https://imvafectados.blogspot.com/2026/01/gpp-preguntas-al-gobierno-con-respuesta.html
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