El IMV no distingue la buena fe: pagar primero, reclamar después

 

Una vez más, el Gobierno responde sin responder a lo esencial.

Ante la pregunta de si existen instrucciones específicas para proteger a las personas que actuaron de buena fe, la contestación es clara por omisión: no las hay.

La respuesta se limita a describir el funcionamiento general del IMV, insistiendo en que los pagos son “provisionales” y que la Administración está obligada a regularizar, incluso cuando el error no es atribuible al beneficiario. Es decir, da igual haber actuado correctamente: la devolución se reclama igualmente.

Resulta especialmente preocupante que los reconocimientos de oficio —decididos por la propia Administración— deriven después en reclamaciones económicas contra familias vulnerables, sin que se contemple un tratamiento diferenciado ni garantías reforzadas para quienes no cometieron ninguna irregularidad.

En cuanto a los plazos, se fija un máximo de tres meses para resolver, pero no se aporta ningún dato sobre el tiempo real de tramitación, ni sobre los retrasos acumulados, una realidad bien conocida por las personas afectadas.

Esta respuesta confirma lo que muchos hogares ya saben por experiencia propia:

el sistema prioriza la regularización contable frente a la protección efectiva de quienes dependen del Ingreso Mínimo Vital para sobrevivir.

Más información en el siguiente enlace:

https://imvafectados.blogspot.com/2026/01/gpp-preguntas-al-gobierno-con-respuesta.html