El Gobierno reconoce oficialmente que existen reclamaciones por cobros indebidos del Ingreso Mínimo Vital que han terminado en los tribunales. Sin embargo, los datos que ofrece resultan tan escasos como preocupantes.
En cinco años de vigencia del IMV, solo se facilitan 15 sentencias, una cifra que no refleja la realidad del conflicto vivido por miles de hogares afectados por reclamaciones de devolución. De esas sentencias, casi un tercio (4 de 15) han dado la razón a los afectados, lo que confirma que no todas las reclamaciones eran correctas y que se han producido errores con consecuencias graves para personas en situación de vulnerabilidad.
Especialmente llamativo es el silencio del Gobierno respecto a una cuestión clave: cuál ha sido la reclamación más elevada exigida a una familia. No responder a esta pregunta impide dimensionar el impacto real de estas reclamaciones y refuerza la sensación de falta de transparencia.
Además, el coste de la litigiosidad reconocido —800 euros en total— resulta irrisorio si se compara con el coste humano, económico y psicológico que supone para los afectados tener que recurrir a la vía judicial para defenderse de deudas que, en algunos casos, no deberían haberse generado.
Esta respuesta confirma una realidad que los afectados conocen bien: el problema no es solo económico, es estructural, y sigue sin abordarse con la profundidad que merece.
Más información en el siguiente enlace:
https://imvafectados.blogspot.com/2026/01/gpp-preguntas-al-gobierno-con-respuesta.html
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