El Gobierno ha confirmado el reparto de los 35 millones de euros destinados en 2024 a la acogida y atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. De ese total, 15 millones se asignaron directamente a los principales territorios de llegada de las rutas migratorias africanas: Canarias, Ceuta y Melilla. Los 20 millones restantes se distribuyen entre un amplio conjunto de Comunidades Autónomas de acogida, además de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Según la respuesta oficial, estos fondos se reparten entre Andalucía, Aragón, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Región de Murcia y Ceuta. Quedan fuera de esta financiación directa el País Vasco y Navarra, que asumen plazas de reparto pero reciben los recursos a través de sus propios sistemas de Concierto Económico y Cupo.
Aunque el Ejecutivo detalla el destino de los fondos, la respuesta vuelve a poner de manifiesto una realidad estructural: la falta de un sistema estable, transparente y homogéneo de financiación para la acogida de menores migrantes. El reparto puntual de partidas extraordinarias no resuelve los desequilibrios territoriales ni la presión sostenida que soportan determinadas comunidades, especialmente las fronterizas.
La atención a menores migrantes no acompañados no debería depender de acuerdos coyunturales ni de repartos excepcionales, sino de un modelo sólido de corresponsabilidad entre administraciones que garantice recursos suficientes, previsibles y ajustados a la realidad de cada territorio.
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