Solicité la Renta Canaria de Ciudadanía en 2023 y recibí la resolución dos años después. En ese tiempo, aprendí que en Canarias pedir una ayuda puede ser más difícil que sobrevivir sin ella.
Solicité la Renta Canaria de Ciudadanía el 6 de agosto de 2023, y no fue hasta el 29 de julio de 2025 —casi dos años después— cuando recibí la resolución de aprobación.
Dos años de espera para una ayuda que, según la propia normativa, debería resolverse en un plazo máximo de tres meses.
Este retraso demuestra una falta grave de eficacia administrativa y política por poner en marcha sistemas de asistencia llenos de carencias y una profunda insensibilidad social hacia las personas que solicitamos esta prestación por necesidad, no por gusto. Durante este tiempo, he tenido que sobrevivir con medios precarios, mientras la administración incumplía sus propios plazos sin ofrecer explicación ni compensación alguna.
Para agravar la situación, estoy pagando una deuda del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que me fue extinguido por trabajar con un contrato temporal durante la pandemia y también durante el volcán. Es decir, en lugar de fomentar la inserción laboral, el sistema castiga a quienes intentamos salir adelante.
Ahora, con la resolución tardía de la Renta Canaria, en lugar de recibir apoyo, me enfrento a más perjuicios, con el riesgo de que me reclamen pagos indebidos por errores que no son míos, sino consecuencia directa de la lentitud y la descoordinación entre administraciones.
Resulta indignante que se llame “renta de ciudadanía” a una ayuda que no garantiza ni derechos, ni dignidad, ni justicia social. La ciudadanía no puede seguir pagando las consecuencias de una gestión tan ineficiente.
Mi caso no es una excepción, es el reflejo de un problema estructural. Si queremos una sociedad más justa, necesitamos administraciones que cumplan su palabra y ciudadanos que no se resignen. Porque solo denunciando lo que duele podremos cambiar lo que no funciona.
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