“María” (nombre ficticio) recibió el Ingreso Mínimo Vital en 2021. Creyó que era una ayuda estable para sostener a su familia. Dos años después, el Instituto Nacional de la Seguridad Social le reclamó más de 1.400 € por un supuesto “cobro indebido”.
María no tiene ingresos para devolverlo. Vive al día, con gastos básicos de vivienda y alimentación.
Lo que empezó como un apoyo para salir de la pobreza se ha transformado en una deuda imposible que la hunde más en la precariedad.
Casos como el de María están documentados en la demanda colectiva presentada por ATD Cuarto Mundo ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. No son errores aislados, sino un problema masivo: miles de familias pobres en España sufren reclamaciones de cientos o miles de euros.
Las reclamaciones no son de 100 ni 200 euros: oscilan entre 1.000 y 40.000 euros. Estas cantidades desorbitadas están arruinando a miles de familias, que de un día para otro pasan de recibir una ayuda a cargar con una deuda impagable.
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