El Tribunal de Cuentas ha hecho público un “Informe de Fiscalización del Ingreso Mínimo Vital, Ejercicios 2022 y 2023”, con el N.º 1626, aprobado por el Pleno con fecha 26 de junio de 2025
De este informe, muy revelador, que consta de 223 páginas, me he centrado en conocer la forma de gestión del Ingreso Mínimo Vital, encontrando lo siguiente:
Para la gestión del Ingreso Mínimo Vital, el INSS ha utilizado dos aplicaciones informáticas:
A-IMV implantada en el segundo semestre del año 2022 con idea de que fuese la herramienta de trámite para acceder a la prestación. Esta aplicación no permitía resolver la totalidad de las modificaciones que se producen en las solicitudes. Como puede ser la comunicación de una variación en la unidad de convivencia.
PF-PROS@ se utiliza para gestionar el mantenimiento de la prestación y su cuantía, así como emitir las nóminas de las prestaciones reconocidas. Esta aplicación presenta numerosas carencias y debilidades para garantizar un control adecuado del Ingreso Mínimo Vital.
Cuando el gestor de la prestación ha de realizar un modificación que no puede ser incorporada a través de A-IMV, debe forzar la baja del expediente en esta aplicación y crear uno nuevo actualizado en PF-PROS@, lo que implica sobrescribir determinada información y perder datos clave del expediente del beneficiario.
El uso de dos aplicaciones distintas para tramitar la solicitud fragmenta los datos e imposibilita una adecuada identificación, control y seguimiento de las solicitudes, tanto de las presentadas pendientes de tramitación como de las ya tramitadas, lo que incrementa el riesgo de generar duplicidades e inconsistencias en los controles y en los registros, afectando a la integridad y eficiencia del proceso.
Consecuencias:
Deficiencias en los trabajos de fiscalización.
Imposibilidad de distinguir entre expedientes de nueva solicitud o modificaciones realizadas motivadas por una variación en la unidad de convivencia, resolución de una reclamación previa o revisión de oficio.
Imposibilidad de proporcionar información sobre si figura en el expediente, el certificado de los Servicios Sociales (CSS) o la mediación de una entidad del Tercer Sector.
Esto ha impedido al Tribunal de Cuentas disponer, desde el inicio de la fiscalización, de información completa sobre la totalidad de los expedientes y beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.
En mi opinión, esto explicaría el caos producido en diciembre de 2022 con la extinción del IMV a muchos perceptores, sin previa notificación, cartas de reclamación de cobros indebidos y reducciones drásticas de la prestación.
Comentarios
Publicar un comentario